Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

 

 

 

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en  sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Constitución recoge en el título IV los principios que  inspiran la actuación administrativa y garantizan el  sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, y  configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente  político que dirige la Administración y ejerce la potestad  reglamentaria.

En el ordenamiento que tuvo su origen en el régimen  autocrático precedente se venía reduciendo el Gobierno al  Organo Superior en el que culmina la Administración del Estado  y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o prolongación  de la misma, con la que compartiría, en buena  medida, su naturaleza administrativa. El artículo 97 de la  Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera para  el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar,  inspirada en el principio de legitimidad democrática. Se  perfilan así con nitidez los rasgos propios que definen al  Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente  diferenciadas y los que establecen la subordinación de la  Administración a la acción política de dirección del  Gobierno.

Es preciso ahora que el marco que regula el régimen jurídico  de las Administraciones Públicas sea objeto de una adaptación normativa  expresa que lo configure de forma armónica y concordante con los  principios constitucionales.

La Constitución garantiza el sometimiento de las  Administraciones Públicas al principio de legalidad, tanto con  respecto a las normas que rigen su propia organización, como al  régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema  de responsabilidad.

Por otra parte, la Administración Local, cuyo régimen  jurídico está establecido como básico en el mismo artículo  149.1.18. de la Constitución tiene una regulación específica  en su actual Ley de Bases que no ofrece ninguna dificultad de  adaptación a los objetivos de esta Ley y que no exige  modificaciones específicas.

2. El artículo 149.1.18. de la Constitución distingue entre  las bases del régimen jurídico de las administraciones  públicas, que habrán de garantizar al administrado un  tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo  común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la  organización propia de las Comunidades Autónomas y el sistema  de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

La delimitación del régimen jurídico de las  Administraciones Públicas se engloba en el esquema bases  más desarrollo que permite a las Comunidades Autónomas  dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases  estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo  común y al sistema de responsabilidad de las Administraciones  Públicas, aunque su formulación jurídica sea la manifestación  expresa y la traducción práctica para los ciudadanos de la  aplicación regular del propio régimen jurídico, la Constituciónlas contempla como una competencia normativa plena y exclusiva  del Estado.

La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución  de competencias y regula el procedimiento administrativo común,  de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y  fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la  actividad administrativa. Esta regulación no agota las  competencias estatales o autonómicas de establecer  procedimientos específicos ratione materiae que deberán  respetar, en todo caso, estas garantías. La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para  establecer las especialidades derivadas de su organización  propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia  constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la  norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que  las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento  necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo  reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél  que deba ser común y haya sido establecido como tal. La  regulación de los procedimientos propios de las Comunidades  Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del  procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado,  integra el concepto de procedimiento administrativo común.

A este avanzado concepto responde la Ley que es de aplicación  a todas las Administraciones Públicas y rigurosamente respetuosa  con la distribución constitucional de competencias.

3. Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que  en su intento de uniformar el procedimiento constituyó un paso  significativo en la evolución del Derecho Público Español -  aunque se plasmará en un amasijo de reglamentos departamentales  -, la primera y única regulación del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de la Administración Pública,  en nuestro ordenamiento, es la contenida en los artículos 22 y siguientes  de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,  de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento  Administrativo, de 17 de julio de 1958, que constituyen,  ciertamente, una aportación relevante en la configuración de  nuestro Derecho Administrativo; en particular esta última.

El marco jurídico que diseñan estas normas tiene como objeto  explícito, sobre todo, la unificación de normas preexistentes, ...  reunir en un texto único aplicable a todos los Departamentos  Ministeriales..., para garantizar una actuación común, casi didáctica,  en el funcionamiento interno de la Administración, en el que la  garantía de los particulares se contempla desde la unificación  del procedimiento y desde el concepto de la autorización previa  para el reconocimiento de un derecho o la satisfacción de un  interés legítimo.

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de  Administración, sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresión  democrática de la voluntad popular. La Constitución consagra el  carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio  de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política  del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de  dirigirla.

El régimen jurídico de las Administraciones Públicas debe  establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento  interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve como el  instrumento que promueve las condiciones para que los derechos  constitucionales del individuo y los grupos que integran la  sociedad sean reales y efectivos.

Pero además, el régimen jurídico no es neutral en una  dinámica de modernización del Estado. El procedimiento  administrativo es un instrumento adecuado para dinamizar su  avance y, por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento  son una pieza fundamental en el proceso de modernización de nuestra  sociedad y de su Administración.

Desde esta óptica, el cambio que opera la ley es profundo y  se percibe a lo largo de todo el articulado, en el que se ha respetado,  incluso literalmente los preceptos más consolidados en la  técnica de la gestión administrativa.

La recepción que la Ley opera del anterior ordenamiento  constituye en sí misma un reconocimiento de la importancia que aquél  tuvo en su día y que hoy, en buena parte conserva.

Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad de  introducir reformas profundas en esta materia que tengan en  cuenta, tanto la multiplicidad de Administraciones Públicas a  las que la Ley va dirigida, como la necesidad de ampliar y  reforzar las garantías de los ciudadanos para la resolución  justa y pronta de los asuntos.

4. La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia  de la Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades  Autónomas y las de las Entidades Locales, proyectando su  actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geográfico, hace  necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios  administrativos a los ciudadanos.

Objetivo que demanda a su vez una fluida relación entre las  Administraciones Públicas y un marco jurídico de actuación común  a todas ellas que permita a los particulares dirigirse a  cualquier instancia administrativa con la certeza de que todas actúan  con criterios homogéneos.

La eficacia en el resultado de la actuación de esa realidad  plural y compleja que son las Administraciones Públicas, hace  que la cooperación entre ellas resulte un principio activo, no  sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperación  es un deber general, la esencia del modelo de organización  territorial del Estado autonómico, que se configura como un  deber recíproco de apoyo y mutua lealtad que no es preciso que  se justifique en preceptos concretos porque no puede imponerse,  sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo el principio  que, como tal, debe presidir el ejercicio de competencias  compartidas o de las que se ejercen sobre un mismo espacio  físico. Esta necesaria cooperación institucional entre  Administraciones Públicas permitirá, en el marco de la  modernización de sus estructuras, la simplificación de todas  ellas y, cuando sea posible, también la reducción de la  organización territorial de la Administración General del  Estado, en las Comunidades Autónomas que, por razón de su nivel  competencial propio, hayan asumido la gestión de las materias en  que se desarrollen las funciones de aquellos órganos  territoriales.

5. Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización  aportan un enfoque adicional en cuanto mecanismo para garantizar  la calidad y transparencia de la actuación administrativa, que  configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958  y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió  modernizar las arcaicas maneras de la Administración española,  propugnando una racionalización de los trabajos burocráticos y  el empleo de máquinas adecuadas, con vista a implantar una  progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas,  siempre que el volumen de trabajo haga económico el empleo de  estos procedimientos. Este planteamiento tan limitado ha  dificultado el que la informatización, soporte y tejido nervioso  de las relaciones sociales y económicas de nuestra época, haya  tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento  administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez  de documentos y comunicaciones emitidos por dicha vía. El  extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones  Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a  través de su cada vez mayor parque informático y telemático,  se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia  relevante con la producción jurídica de su actividad  relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas  formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más  que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre  decididamente a la tecnificación y modernización de la  actuación administrativa en su vertiente de producción  jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las  innovaciones tecnológicas.

6. El título I aborda las relaciones entre las  Administraciones Públicas de carácter directo en unos casos y,  en otros, formalizadas a través de los órganos superiores de  Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y  la colaboración que han de presidir aquéllas, consustancial al  modelo de organización territorial del Estado implantado por la Constitución.

Ello es condición inexcusable para articular el ordenado  desenvolvimiento de la actividad administrativa desde el momento  en que coexisten una diversidad de Administraciones que proyectan  su actividad sobre el mismo ámbito territorial, personal y, en ocasiones,  material, actividad que a la vez debe cumplir criterios de  eficacia sin menoscabo de competencias ajenas.

Conjugar esta pluralidad de factores obliga a intensificar las  relaciones de cooperación, mediante la asistencia recíproca, el intercambio  de información, las Conferencias sectoriales para la adopción  de criterios o puntos de vista comunes al abordar los problemas  de cada sector, o la celebración de convenios de colaboración,  como aspectos generales que podrán ser susceptibles de  concreción en los distintos sectores de la actividad  administrativa.

La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su  fecundidad en la práctica, e introduce como novedad la figura  del Convenio de Conferencia Sectorial, que propiciará el acuerdo  multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su origen  pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes  intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin  sustituir o anular las facultades decisorias propias de cada  Administración Pública, recibirán un nuevo impulso en el  decisivo papel que ya están jugando en la consolidación del  Estado de las Autonomías.

7. El título II dedica su capítulo I a regular los  principios generales del régimen de los órganos  administrativos, derivados de los principios superiores de  indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación,  en el marco de lo previsto por el artículo 103 de la  Constitución.

Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganización de  las Administraciones Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo  estricto de lo que constituye la normativa básica de toda  organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos  sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.

La misma perspectiva relativa a la autoorganización lleva a  regular en el capítulo II, el régimen del funcionamiento de los órganos  colegiados. Pero, además, la evolución más reciente de nuestra  organización administrativa hacia fórmulas participativas,  obliga a contemplar la nueva tipología de órganos colegiados  cuya composición y funcionalidad no se ajusta a la regulación  establecida por la anterior Ley, dictada en una circunstancia  histórica y política en la que la participación de otras Administraciones  o de organizaciones sociales, resultaba impensable.

El capítulo III, que recoge las normas generales de  abstención y recusación de las Autoridades y personal de las Administraciones  Públicas, es corolario del mandato que la Constitución acoge en  su artículo 103.1 cuando predica que la Administración Pública  sirve, con objetividad, a los intereses generales. La normación  común de las causas objetivas de abstención y recusación es  tanto como garantizar el principio de neutralidad, que exige  mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión  entre intereses particulares e intereses generales.

8. El título III recoge las normas relativas a los  interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se regulan  las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del  Derecho Administrativo, la legitimación para intervenir en el procedimiento,  la comparecencia a través de representantes y la pluralidad de  interesados. Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en  la Constitución, cuyo artículo 105, C), acoge el derecho de  audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento  administrativo.

9. El título IV, bajo el epígrafe De la actividad de las  Administraciones Públicas, contiene una trascendente  formulación de los derechos de los ciudadanos en los  procedimientos administrativos, además de los que les reconocen  la Constitución y las Leyes. De esta enunciación cabe destacar  como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a  las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se  tramiten los procedimientos - rompiendo la tradicional opacidad  de la Administración -, el derecho de formular alegaciones y de  aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior  al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a  la Administración actuante, y el de obtener información y orientación  sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las  disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan  abordar.

Incorpora, a continuación, las normas esenciales sobre el uso  de las lenguas oficiales, regula el acceso a la información de  los archivos y registros administrativos, conforme a lo  establecido en el artículo 105, B), de la Constitución, y  aborda de manera frontal y decidida - en contraposición a la  timidez de las previsiones de la Ley de Procedimiento  Administrativo de 1958- la instalación en soporte informático  de los registros generales, así como la integración  informática de aquéllos con los restantes registros  administrativos.

En esta materia cobran especial relevancia los principios de  cooperación, coordinación y colaboración, posibilitando el que los  ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y  comunicaciones que dirijan a las Administraciones Públicas en  los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca  a la Administración General del Estado o a la de cualquier Administración  de las Comunidades Autónomas, al margen de las restantes  posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto  se prevé que, mediante convenio de colaboración entre las  Administraciones Públicas, se implanten sistemas de  intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la  compatibilidad informática y la transmisión telemática de los  asientos.

El derecho a la identificación de las autoridades y  funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los  procedimientos, a que antes se hizo referencia, se complementa  ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia de  responsabilidad por las anomalías en la tramitación.

La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relación de la  Administración con el ciudadano, superando la doctrina del llamado  silencio administrativo.

Se podría decir que esta Ley establece el silencio  administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. No  sería exacto. El objetivo de la Ley no es dar carácter positivo  a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan  a ella. El carácter positivo de la inactividad de la Administración  es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero  objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta  expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en  el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o  negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la  garantía que impida que los derechos de los particulares se  vacíen de contenido cuando su administración no atiende eficazmente  y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado.  Esta garantía, exponente de una Administración en la que debe  primar la eficacia sobre el formalismo, sólo cederá cuando  exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el  derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.

Lógicamente, la citada regulación se complementa con la  inclusión posterior, como supuesto de nulidad de pleno derecho,  de los actos presuntos o expresos contrarios al ordenamiento  jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando  se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Concluye el título IV con una abierta incorporación de las  técnicas informáticas y telemáticas en la relación ciudadano-Administración  y resuelve los problemas que en materia de términos y plazos se  planteaban a causa de la diversidad de calendarios de  festividades.

10. Abre el título V el capítulo dedicado a las  disposiciones administrativas, enunciando los principios  generales de legalidad, jerarquía, publicidad e inderogabilidad  singular del Reglamento.

El capítulo II regula los requisitos de los actos  administrativos, partiendo de los principios de competencia y  legalidad, con expresión de los que requieren motivación,  recogiendo su forma escrita como regla general.

La eficacia, notificación y publicación de los actos  administrativos se recoge en el capítulo III, abriendo la  posibilidad de medios de notificación distintos a los  tradicionales que, sin merma de las necesarias garantías de  autenticidad, permitan su agilización mediante el empleo de las  nuevas técnicas de transmisión de información, superándose la  limitación de la exclusividad del domicilio como lugar de  notificaciones.

En el capítulo IV se regulan las causas y efectos de la  nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley  incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la lesión del  contenido esencial de los Derechos y Libertades susceptibles de amparo constitucional,  en virtud de la especial protección que a los mismos garantiza  la Constitución.

11. El título VI regula la estructura general del  procedimiento que ha de seguirse para la realización de la  actividad jurídica de la Administración.

En el capítulo I se regula la iniciación, que podrá hacerse  de oficio o por solicitud de los interesados.

Las solicitudes de los interesados se abren a la posible  utilización de medios telemáticos e, incluso audiovisuales,  para facilitar su formulación, siempre que quede acreditada la  autenticidad de su voluntad.

Se regulan asimismo, en este capítulo, otras cuestiones  conexas a la iniciación, como el período de información  previa, las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la  resolución, la acumulación de asuntos y la modificación o  mejora voluntaria de los términos de la solicitud formulada por  los interesados.

El capítulo II, dedicado a la ordenación, recoge los  criterios de celeridad e impulsión de oficio, y contiene un  conjunto de reglas destinadas a simplificar y agilizar los  trámites del procedimiento.

La instrucción del procedimiento se recoge en el capítulo  III mediante la regulación de las alegaciones, medios de prueba  e informes. Recibe tratamiento específico el supuesto, cada vez  más frecuente, de emisión de informes por una Administración Pública  distinta de la que tramita el procedimiento, previendo que su no  evacuación no paralizará necesariamente el procedimiento, a fin  de evitar que la inactividad de una Administración redunde en  perjuicio de los interesados.

Recoge también este capítulo el trámite de audiencia, que  se efectuará poniendo de manifiesto a los interesados la  totalidad del expediente, salvo en lo que afecte a los supuestos  de excepción del derecho de acceso a archivos y registros administrativos.

El trámite de información pública, cuando lo requiera la  naturaleza del procedimiento, se regula de modo netamente diferenciado  de la audiencia, pues ni la comparecencia otorga, por sí misma,  la condición de interesado, ni la incomparecencia enerva la vía  de recurso para los que tengan esta condición.

12. El capítulo IV regula las formas y efectos de la  finalización del procedimiento, a través de resolución,  desistimiento, renuncia o caducidad. Se introduce la posibilidad  de utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y  terminación de los procedimientos.

La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de  ejecución forzosa quedan recogidos en el capítulo V. La autotutela  de la Administración Pública, potestad que permite articular  los medios de ejecución que garanticen la eficacia de la actividad  administrativa, queda en todo caso subordinada a los límites  constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la  ejecución, de modo que se restrinja al mínimo la libertad  individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

13. El título VII, Revisión de los actos  administrativos, establece una profunda modificación del  sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo  los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo  referente a la simplificación, como a las posibilidades del  establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y  recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va  haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya  existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.

El sistema de revisión de la actividad de las  Administraciones Públicas que la Ley establece, se organiza en  torno a dos líneas básicas: La unificación de los recursos  ordinarios y el reforzamiento de la revisión de oficio por causa  de nulidad.

La primera línea supone establecer un solo posible recurso  para agotar la vía administrativa, bien sea el ordinario que se regula  en la Ley, o el sustitutivo que, con carácter sectorial, puedan  establecer otras leyes.

La revisión de oficio, por su parte, se configura como un  verdadero procedimiento de nulidad, cuando se funde en esta causa,  recogiendo la unanimidad de la doctrina jurisprudencial y  científica.

14. El título IX regula los principios básicos a que debe  someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración  y los correspondientes derechos que de tales principios se  derivan para los ciudadanos extraídos del texto constitucional y  de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia.  Efectivamente, la Constitución, en su artículo 25, trata conjuntamente  los ilícitos penales y administrativos, poniendo de manifiesto  la voluntad de que ambos se sujeten a principios de básica  identidad, especialmente cuando el campo de actuación del  derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de  injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo  en aras al principio de mínima intervención.

Entre tales principios destaca el de legalidad o ratio  democrático en virtud del cual es el poder legislativo el  que debe fijar los límites de la actividad sancionadora de la  Administración y el de tipicidad, manifestación en este ámbito  del de seguridad jurídica, junto a los de presunción de  inocencia, información, defensa, responsabilidad,  proporcionalidad, interdicción de la analogía, etc.

Todos ellos se consideran básicos al derivar de la  Constitución y garantizar a los administrados un tratamiento  común ante las Administraciones Públicas, mientras que el  establecimiento de los procedimientos materiales concretos es  cuestión que afecta a cada Administración Pública en el  ejercicio de sus competencias.

15. El título X, De la responsabilidad de las  Administraciones Públicas y de sus Autoridades y demás personal  a su servicio, incorpora la regulación de una materia  estrechamente unida a la actuación administrativa y que  constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes  soportes del sistema. Se hace así realidad la previsión  contenida en el artículo 149.1.18. de la Constitución sobre el  establecimiento de un sistema de responsabilidad de todas las  Administraciones Públicas.

En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, el  proyecto da respuesta al pronunciamiento constitucional de indemnización  de todas las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y  derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios  públicos, de acuerdo con las valoraciones predominantes en el  mercado, estableciendo además la posibilidad de que hasta un  determinado límite pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta  días, siempre que la valoración del daño y la relación de causalidad  entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal del  servicio público sean inequívocos.

 

Título preliminar.

Del ámbito de aplicación y principios generales.

 

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley establece y regula las bases del régimen  jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad  de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones  Públicas:

 

A) La Administración General del Estado.

B) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

C) Las Entidades que integran la Administración Local.

 

2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad  jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones  Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública.  Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando  ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de  su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.

Artículo 3. Principios generales. 

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

 

Título I.

De las Administraciones Públicas y sus relaciones.

 

Artículo 4. Principios de las relaciones entre las  Administraciones Públicas. 

1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:

 

a.         Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b.         Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.

c.         Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

d.         Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

 

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias.

3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.

4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias.

5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad común entre ambas Administraciones, una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 5. Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación. 

1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos.

A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, no tienen la naturaleza de órganos de cooperación aquellos órganos colegiados creados por la Administración General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composición se prevea que participen representantes de la Administración de las Comunidades Autónomas con la finalidad de consulta.

2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.

3. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno.

4. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del día y, en su caso, de la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia.

5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial.

6. Las Conferencias Sectoriales podrán acordar la creación de comisiones y grupos de trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del ámbito material de cada una de ellas.

7. Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos, la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán constituir otros órganos de cooperación que reúnan a responsables de la materia.

8. Cuando la materia del ámbito sectorial de un órgano de cooperación de composición multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociación de éstas de ámbito estatal con mayor implantación sea invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden del día.

Artículo 6. Convenios de Colaboración.

1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así proceda:

 

a.         Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.

b.         La competencia que ejerce cada Administración.

c.         Su financiación.

d.         Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.

e.         La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.

f.          El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

g.         La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

 

3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.

4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán Protocolos Generales.

5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil.

Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero.

Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos.

Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas.

Artículo 7. Planes y programas conjuntos. 

1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes.

2. Dentro del respectivo ámbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realización de planes o programas conjuntos, la aprobación de su contenido, así como el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en práctica.

3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:

 

a.         Los objetivos de interés común a cumplir.

b.         Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.

c.         Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.

d.         Los compromisos de aportación de recursos financieros.

e.         La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.

 

4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendrá eficacia vinculante para la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de colaboración con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral.

5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicación oficial.

Artículo 8. Efectos de los convenios.

1. Los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de  Colaboración en ningún caso suponen la renuncia a las competencias  propias de las Administraciones intervinientes.

2. Los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de  Colaboración celebrados obligarán a las Administraciones intervinientes  desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca  otra cosa. Tanto los Convenios de Conferencia Sectorial como los  Convenios de Colaboración serán comunicados al Senado. Ambos  tipos de convenios deberán publicarse en el Boletín Oficial  del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad  Autónoma respectiva.

3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su  interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en  el artículo 6.3, serán de conocimiento y competencia del Orden  Jurisdiccional de lo contencioso-administratívo y, en su caso,  de la competencia del Tribunal Constitucional.

Artículo 9. Relaciones con la Administración Local.

Las relaciones entre la Administración General del Estado o  la Administración de la Comunidad Autónoma con las Entidades que  integran la Administración Local, se regirán por la  legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente  lo dispuesto en el presente Título.

Artículo 10. Comunicaciones a las Comunidades  Europeas.

1. Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban comunicarse a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, las Administraciones públicas procederán a su remisión al órgano de la Administración General del Estado competente para realizar la comunicación a dichas instituciones. En ausencia de plazo específico para cumplir esa obligación, la remisión se efectuará en el de quince días.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra información, en ausencia de plazo específico, la remisión deberá hacerse en tiempo útil a los efectos del cumplimiento de esa obligación.

 

Título II.

De los órganos de las Administraciones Públicas.

 

Capítulo I.

Principios generales y competencia.

 

Artículo 11. Creación de órganos administrativos.

1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en  su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran  los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas  de su organización.

2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá  el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

A) Determinación de su forma de integración en la  Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

B) Delimitación de sus funciones y competencias.

C) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en  marcha y funcionamiento.

 

3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan  duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se  suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.

Artículo 12. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente  por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia,  salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen  en los términos previstos en ésta u otras leyes. La encomienda  de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen  alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de  los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se  prevén.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias  atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas  en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los  términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución  de competencias.

3. Si alguna disposición atribuye competencia a una  Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla,  se entenderá que la facultad de instruir y resolver los  expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por  razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de  éstos, al superior jerárquico común.

Artículo 13. Delegación de competencias. 

1. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

 

a.         Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

b.         La adopción de disposiciones de carácter general.

c.         La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d.         Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

 

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

7. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum.

Artículo 14. Avocación.

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el  conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda  ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos  dependientes, cuando circunstancias de índole técnica,  económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.  En los supuestos de delegación de competencias en órganos no  jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto  podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo  motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento,  si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se  dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque  podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga  contra la resolución del procedimiento.

Artículo 15. Encomienda de gestión.

1. La realización de actividades de carácter material,  técnico o de servicios de la competencia de los órganos  administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser  encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de  distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se  posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad  de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,  siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar  cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o  en los que se integre la concreta actividad material objeto de  encomienda.

3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o  Entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración  deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa  propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o  Entidades encomienda de gestión y su resolución deberá ser  publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente. Cada Administración  podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales  acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la  actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y  la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos  y Entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante  firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto  de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades  Autónomas por las Diputaciónes Provinciales o en su caso  Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de  Régimen Local.

5. El régimen jurídico dela encomienda de gestión que se  regula en este artículo no será de aplicación cuando la  realización de las actividades enumeradas en el apartado primero  haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a  derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación  correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse  a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, según  la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al  derecho administrativo.

Artículo 16. Delegación de firma.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en  materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones  y actos administrativos a los titulares de los órganos o  unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los  límites señalados en el artículo 13.

2. La delegación de firma no alterará la competencia del  órgano delegante y para su validez no será necesaria su  publicación.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación  se hará constar la autoridad de procedencia.

4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de  carácter sancionador.

Artículo 17. Suplencia.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser  suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad  por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos .  Si no se designa suplente, la competencia del órgano  administrativo se ejercerá por quien designe el órgano  administrativo inmediato a quien dependa.

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia.

Artículo 18. Coordinación de competencias.

1. Los órganos administrativos en el ejercicio de sus  competencias propias ajustarán su actividad en sus relaciones  con otros órganos de la misma o de otras administraciones a los  principios establecidos en el artículo 4.1 de la Ley, y la  coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a  éstos, pudiendo recabar para ello la información que precisen.

2. Las normas y actos dictados por los órganos de las  Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia  competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos  administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan  a otra Administración.

Artículo 19. Comunicaciones entre órganos.

1. La comunicación entre los órganos administrativos  pertenecientes a una misma Administración Pública se efectuará siempre  directamente, sin traslados ni reproducciones a través de  órganos intermedios.

2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos  podrán efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia  de su recepción.

Artículo 20. Decisiones sobre competencia.

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para  la resolución de un asunto remitirá directamente las  actuaciones al órgano que considere competente, si éste  pertenece a la misma Administración Pública.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán  dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para  que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.  Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente  para que requiera de inhibición al que esté conociendo del  asunto.

3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse  entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente,  y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las  actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes  mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una  disposición específica así lo establezca o se estime  conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que  puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se  publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de  servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos  dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la  responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

 

Capítulo II.

Organos Colegiados.

 

Artículo 22. Régimen.

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se  ajustará a las normas contenidas en el presente capítulo, sin  perjuicio de las peculiaridades organizativas de las  Administraciones Públicas en que se integran.

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones  Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses  sociales, así como aquéllos compuestos por representaciones de  distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con  participación de organizaciones representativas de intereses  sociales podrán establecer o completar sus propias normas de  funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este  apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda,  aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta,  salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se  desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano  colegiado.

Artículo 23. Presidente. 

1.  En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:

 

A) Ostentar la representación del órgano.

B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y  extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo  en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas  con la suficiente antelación.

C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los  debates y suspenderlos por causas justificadas.

D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar  acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a  que se refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será  dirimente si así lo establecen sus propias normas.

E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del  órgano.

G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su  condición de Presidente del órgano.

 

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa  legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda,  y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía,  antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.  Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados  previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen de sustitución  del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso,  o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano  colegiado.

Artículo 24. Miembros. 

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:

 

A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho  horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las  reuniones. La información sobre los temas que figuren en el  orden del día estará a disposición de los miembros en  igual plazo.

B) Participar en los debates de las sesiones.

C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto  particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos  que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones  quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio  de las Administraciones Públicas, tengan la condición de  miembros de órganos colegiados.

D) Formular ruegos y preguntas.

E) Obtener la información precisa para cumplir las  funciones asignadas.

F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su  condición.

 

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse  las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente  se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente  adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando  concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano  colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.  Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el  número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de  intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por  otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado,  con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas  de organización.

Artículo 25. Secretario.

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá  ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración  Pública correspondiente.

2.  La designación y el cese, así como la sustitución  temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o  enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas  específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del  mismo.

3.  Corresponde al Secretario del órgano colegiado:

 

A) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un  funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano  la ostenta un miembro del mismo.

B) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano  por orden de Presidente, así como las citaciones a los miembros  del mismo.

C) Recibir los actos de comunicación de los miembros con  el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de  datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los  que deba tener conocimiento.

D) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y  autorizar las actas de las sesiones.

E) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y  acuerdos aprobados.

F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición  de Secretario.

 

Artículo 26. Convocatorias y sesiones.

1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la  celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá  la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes  le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros, salvo  lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. Cuando se trate de  los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del  artículo 22, el Presidente podrá considerar válidamente  constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes  los representantes de las Administraciones Públicas y de las  organizaciones representativas de intereses sociales miembros del  órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.

2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen  propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus  normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda  convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios  para constituir válidamente el órgano.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún  asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que  estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea  declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la  mayoría.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo  podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que  les sea expedida certificación de sus acuerdos.

Artículo 27. Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se  levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente  los asistentes, el orden del día de la reunión, las  circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los  puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido  de los acuerdos adoptados.

2.  En el acta figurará, a solicitud de los respectivos  miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención  y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto  favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar  la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre  que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente,  el texto que se corresponda fielmente con su intervención,  haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la  misma.

3.  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán  formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho  horas, que se incorporará al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se  abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su  caso, pueda derivarse de los acuerdos.

5.  Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente  sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación  sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin  perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las  certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la  aprobación del acta se hará constar expresamente tal  circunstancia.

 

Capítulo III.

Abstención y recusación.

 

Artículo 28. Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las  Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias  señaladas en el número siguiente de este artículo se  abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a  su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

 

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o  en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél ser  administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión  litigiosa pendiente con algún interesado.

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto  grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los  interesados, con los administradores de entidades o sociedades  interesadas y también con los asesores, representantes  legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,  así como compartir despacho profesional o estar asociado con  éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna  de las personas mencionadas en el apartado anterior.

D) Haber tenido intervención como perito o como testigo  en el procedimiento de que se trate.

E) Tener relación de servicio con persona natural o  jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado  en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier  tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las  Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención  no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que  hayan intervenido.

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en  quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan  de toda intervención en el expediente.

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a  responsabilidad.

Artículo 29. Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá  promoverse recusación por los interesados en cualquier momento  de la tramitación del procedimiento.

2. La recusación se planteará por escrito en el que se  expresará la causa o causas en que se funda.

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su  inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el  primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto  seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior  resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones  que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá  recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al  interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.

 

Título III.

De los interesados.

 

Artículo 30. Capacidad de obrar.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones  Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a  las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y  defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación  esté permitida por el ordenamiento jurídico-administratívo sin  la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela  o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores  incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte  al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se  trate.

Artículo 31. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento  administrativo:

 

A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o  intereses legítimos individuales o colectivos.

B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan  derechos que puedan resultar afectados por la decisión que  en el mismo se adopte.

C) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o  colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se  personen en el procedimiento en tanto no haya recaído  resolución definitiva.

 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de  intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses  legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna  relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá  en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artículo 32. Representación.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por  medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones  administrativas, salvo manifestación expresa en contra del  interesado.

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en  representación de otra ante las Administraciones Públicas.

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de  acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá  acreditarse la representación por cualquier medio válido en  derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en  comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones  de mero trámite se presumirá aquella representación.

4. La falta o insuficiente acreditación de la representación  no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre  que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo  de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo,  o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo  requieran.

Artículo 33. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren  varios interesados, las actuaciones a que den lugar se  efectuarán con el representante o el interesado que expresamente  hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer  término.

Artículo 34. Identificación de interesados.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya  tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas  que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos  cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar  afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a  dichas personas la tramitación del procedimiento.

 

Título IV.

De la actividad de las Administraciones Públicas.

 

Capítulo I.

Normas generales.

 

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones  Públicas, tienen los siguientes derechos:

 

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la  tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición  de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en  ellos.

B) A identificar a las autoridades y al personal al  servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad  se tramiten los procedimientos.

C) A obtener copia sellada de los documentos que  presenten, aportándola junto con los originales, así como a  la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban  obrar en el procedimiento.

D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su  Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto  del Ordenamiento Jurídico.

E) A formular alegaciones y a aportar documentos en  cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia,  que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente  al redactar la propuesta de resolución.

F) A no presentar documentos no exigidos por las normas  aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren  en poder de la Administración actuante.

G) A obtener información y orientación acerca de los  requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes  impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se  propongan realizar.

H) Al acceso a los registros y archivos de las  Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitucióny en ésta u otras Leyes.

I) A ser tratados con respeto y deferencia por las  autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio  de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones  Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

K) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitucióny las Leyes.

 

Artículo 36. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y  Registros.

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a  los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los  archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de  expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material  en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a  procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a  la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en  el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o  inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados,  salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del  tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los  diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto  sustantivo alguno.

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin  incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren  en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador  o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan  hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los  ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros  que acrediten un interés legítimo y directo.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados  anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés  público, por intereses de terceros más dignos de protección o  cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el  órgano competente dictar resolución motivada.

5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los  siguientes expedientes:

 

A) Los que contengan información sobre las actuaciones  del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en  el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas  a Derecho Administrativo.

B) Los que contengan información sobre la Defensa  Nacional o la Seguridad del Estado.

C) Los tramitados para la investigación de los delitos  cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos  y libertades de terceros o las necesidades de las  investigaciones que se estén realizando.

D) Los relativos a las materias protegidas por el secreto  comercial o industrial.

E) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas  de la política monetaria.

 

6. Se regirán por sus disposiciones específicas:

 

A) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre  materias clasificadas.

B) El acceso a documentos y expedientes que contengan  datos sanitarios personales de los pacientes.

C) Los archivos regulados por la legislación del régimen  electoral.

D) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente  estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.

E) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y  Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté  regulado por una Ley.

F) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de  las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten  la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador,  miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o  de una Corporación Local.

G) La consulta de fondos documentales existentes en los  Archivos Históricos.

 

7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de  forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los  servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición  individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que  quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo,  formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias.  No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que  acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante,  se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta  de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la  intimidad de las personas.

8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o  certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración,  previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente  establecidas.

9. Será objeto de periódica publicación la relación de los  documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos  a un régimen de especial publicidad por afectar a la  colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta  por los particulares.

10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y  respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos  administrativos que comporten una interpretación del derecho  positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan  ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la  Administración.

Artículo 38. Registros. 

1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.

2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:

 

·           En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

·           En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

·           En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

·           En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

·           En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobación de su identidad con el original.

6. Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el artículo 35.

7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones públicas.

8. Las Administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.

Artículo 39. Colaboración de los ciudadanos.

1. Los ciudadanos están obligados a facilitar a la  Administración informes, inspecciones y otros actos de  investigación sólo en los casos previstos por la Ley.

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que  permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido  en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Artículo 40. Comparecencia de los ciudadanos.

1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas  públicas sólo será obligatoria cuando así esté previsto en  una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la  correspondiente citación hará constar expresamente el lugar,  fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos  de no atenderla.

3. Las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado,  le entregarán certificación haciendo constar la comparecencia.

Artículo 41. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal  al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo  la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos  de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para  remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el  ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a  sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y  eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa  responsabilidad a la Administración Pública que corresponda.

Artículo 42. Obligación de resolver. 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

 

·           En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

·           En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

 

4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

 

·           Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.

·           Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

·           Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

·           Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

·           Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

 

6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado. 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo.

2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento.

La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

4. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

 

a.         En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b.         En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

 

5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

 

1.         En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2.         En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.

 

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Artículo 45. Incorporación de medios técnicos.

1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y  aplicación de las técnicas y medios electrónicos,  informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad  y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la  utilización de estos medios establecen la Constitución y las  Leyes.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que  dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse  con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y  medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respecto  de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte  informático garantizarán la identificación y el ejercicio de  la competencia por el órgano que la ejerce.

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y  telemáticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas  para el ejercicio de sus potestades, habrán de ser previamente aprobados  por el órgano competente, quien deberá difundir públicamente  sus características.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por  medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones  Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales  almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y  eficacia de documento original siempre que quede garantizada su  autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la  recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las  garantías y requisitos exigidos por éstas u otras Leyes.

Artículo 46. Validez y eficacia de documentos y  copias.

1. Cada Administración Pública determinará  reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias  de expedición de copias auténticas de documentos públicos o  privados.

2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de  la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia  de que sean auténticas.

3. Las copias de documentos privados tendrán validez y  eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones  Públicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.

4. Tienen la consideración de documento público  administrativo los documentos válidamente emitidos por los  órganos de las Administraciones Públicas.

 

Capítulo II.

Términos y plazos.

 

Artículo 47. Obligatoriedad de términos y plazos.

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes  obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones  Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así  como a los interesados en los mismos.

Artículo 48. Cómputo. 

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.

Artículo 49. Ampliación. 

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.

Artículo 50. Tramitación de urgencia.

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá  acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación  al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se  reducirán a la mitad los plazos establecidos para el  procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación  de solicitudes y recursos.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la  aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

 

Título V.

De las disposiciones y los actos administrativos.

 

Capítulo I.

Disposiciones administrativas.

 

Artículo 51. Jerarquía y competencia.

1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la  Constitución o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constitucióno los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las  Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las  Comunidades Autónomas.

2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los  preceptos de otra de rango superior.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de  jerarquía que establezcan las leyes.

Artículo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.

1. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones  administrativas habrán de publicarse en el Diario oficial que corresponda.

2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no  podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general,  aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.

 

Capítulo II.

Requisitos de los actos administrativos.

 

Artículo 53. Producción y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones  Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán  por el órgano competente ajustándose al procedimiento  establecido.

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por  el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los  fines de aquéllos.

Artículo 54. Motivación. 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

 

a.         Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b.         Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

c.         Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d.         Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.

e.         Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f.          Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Artículo 55. Forma.

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a  menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada  de expresión y constancia.

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su  competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando  sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del  órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando  en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si  se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá  autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal,  con expresión de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de  la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o  licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el  órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias  que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

 

Capítulo III.

Eficacia de los actos.

 

Artículo 56. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho  Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta  Ley.

Artículo 57. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al  Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán  efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se  disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el  contenido del acto o esté supeditada a su notificación,  publicación o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a  los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo,  cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que  los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que  se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o  intereses legítimos de otras personas.

Artículo 58. Notificación. 

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

Artículo 59. Práctica de la notificación. 

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.

5. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

 

a.         Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

b.         Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

 

Artículo 60. Publicación.

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación  cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento  o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por  el órgano competente.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos  elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones.  Será también aplicable a la publicación lo establecido en el  punto 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de  actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de  forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose  solamente los aspectos individuales de cada acto.

Artículo 61. Indicación de notificaciones y  publicaciones.

Si el órgano competente apreciase que la notificación por  medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses  legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que  corresponda una somera indicación del contenido del acto y del  lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que  se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del  mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

 

Capítulo IV.

Nulidad y anulabilidad.

 

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho. 

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

 

a.         Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b.         Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c.         Los que tengan un contenido imposible.

d.         Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e.         Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f.          Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g.         Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

 

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artículo 63. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran  en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación  de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la  anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables  para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los  interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del  tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad  del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o  plazo.

Artículo 64. Transmisibilidad.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de  los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo  no implicará la de las partes del mismo independientes de  aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que  sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Artículo 65. Conversión de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los  elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de  éste.

Artículo 66. Conservación de actos y trámites.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones  dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites  cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido  la infracción.

Artículo 67. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables,  subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha,  salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos  administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de  nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente  cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna  autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el  otorgamiento de la misma por el órgano competente.

 

Título VI.

De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos  .

 

Capítulo I.

Iniciación del procedimiento.

 

Artículo 68. Clases de iniciación.

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud  de persona interesada.

Artículo 69. Iniciación de oficio.

1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del  órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia  de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el  órgano competente abrir un período de información previa con  el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la  conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artículo 70. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

 

A) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la  persona que lo represente, así como la identificación del  medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

B) Hechos, razones y petición en que se concrete, con  toda claridad, la solicitud.

C) Lugar y fecha.

D) Firma del solicitante o acreditación de la  autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

E) Organo, centro o unidad administrativa a la que se  dirige.

 

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad  de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente  similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo  que las normas reguladoras de los procedimientos específicos  dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten  los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos  exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de  presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la  fecha de presentación anotada por la oficina.

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos  sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos  que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.  Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos  en las dependencias administrativas. Los solicitantes podrán  acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o  completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos  y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

Artículo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 73. Acumulación.

El órgano administrativo que inicie o tramite un  procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación,  podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde  identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de  acumulación no procederá recurso alguno.

 

Capítulo II.

Ordenación del procedimiento.

 

Artículo 74. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se  impulsará de oficio en todos sus trámites.

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden  riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que  por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada  en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de lo  dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de  responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será  causa de remoción del puesto de trabajo.

Artículo 75. Celeridad.

1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por  su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea  obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por  otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada  el plazo legal establecido al efecto.

Artículo 76. Cumplimiento de trámites.

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los  interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a  partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el  caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los  actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la  Administración lo pondrá en conocimiento de su autor,  concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los  apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su  derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la  actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera  antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que  se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 77. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el  procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de  actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la  recusación.

 

Capítulo III.

Instrucción del procedimiento.

 

SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES.

 

Artículo 78. Actos de instrucción.

1. Los actos de instrucción necesarios para la  determinación, conocimiento y comprobación de los datos en  virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se  realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a  proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan  trámites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que  se incorporen a la instrucción de un procedimiento deberán reunir  las garantías legalmente establecidas para estas técnicas de  información así como la identificación técnica del procedimiento  seguido para la obtención de estos resultados.

Artículo 79. Alegaciones.

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del  procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir  alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.  Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente  al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos  de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción  de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de  trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución  definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si  hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente  responsabilidad disciplinaria.

 

SECCIÓN 2. PRUEBA.

 

Artículo 80. Medios y período de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento  podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en  Derecho.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos  alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo  exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un  período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior  a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue  pertinentes.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las  pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente  improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Artículo 81. Práctica de prueba.

1. La Administración comunicará a los interesados, con  antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias  para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora  en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso,  de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban  efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar  la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los  mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada  la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo  los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los  mismos.

 

SECCIÓN 3. INFORMES.

 

Artículo 82. Petición.

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se  solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por  disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para  resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando,  en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la petición de informe se concretará el extremo o  extremos acerca de los que se solicita.

Artículo 83. Evacuación.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes  serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días,  salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los  plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o  menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin  perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de  la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que  sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de  informes preceptivos que sean determinantes para la resolución  del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de  los trámites sucesivos.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración  Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar  el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera  el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir  las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser  tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

 

SECCIÓN 4. PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS.

 

Artículo 84. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de  redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los  interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que  afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni  superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones  que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados  manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar  nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el  trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no  figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución  otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por  el interesado.

Artículo 85. Actuación de los interesados.

1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de  los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte  más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo  posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de  asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las  medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios  de contradicción y de igualdad de los interesados en el  procedimiento.

Artículo 86. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del  procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá  acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del  Estado, de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva,  a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar  el procedimiento, o la Mparte del mismo que se acuerde. El  anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el  plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser  inferior a veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los  interesados interponer los recursos procedentes contra la  resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el  trámite de información pública no otorga, por sí misma, la  condición de interesado. No obstante, quienes presenten  alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a  obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá  ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente  iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones  Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación  de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones  y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de  elaboración de las disposiciones y actos administrativos.

 

Capítulo IV.

Finalización del procedimiento.

 

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES.

 

Artículo 87. Terminación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el  desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud,  cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento  Jurídico, y la declaración de caducidad.

2. También producirá la terminación del procedimiento la  imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución  que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Artículo 88. Terminación convencional.

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos,  pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público  como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico  ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan  por objeto satisfacer el interés público que tienen  encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico  específico que en cada caso prevea la disposición que lo  regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores  de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos  con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les  ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido  mínimo la identificación de las partes intervinientes, el  ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de  vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las  personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo  de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia  directa de dicho órgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de  las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las  responsabilidades que correspondan a las autoridades y  funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios  públicos.

 

SECCIÓN 2. RESOLUCIÓN.

 

Artículo 89. Contenido.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá  todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas  otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas  que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente  podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de  manifiesto en aquéllos por un plazo no superior a quince días,  para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y  aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del  interesado, la resolución será congruente con las peticiones  formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su  situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la  Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si  procede.

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será  motivada en los casos a que se refiere el artículo 54.  Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan,  órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de  presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los  interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de  resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de  los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver  la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos  no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes  de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto  por el artículo 29 de la Constitución.

5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de  motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la  misma.

 

SECCIÓN 3. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA.

 

Artículo 90. Ejercicio.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando  ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar  a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o  más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará  a aquéllos que la hubiesen formulado.

Artículo 91. Medios y efectos.

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por  cualquier medio que permita su constancia.

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la  renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose  personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación  en el plazo de diez días desde que fueron notificados del  desistimiento.

3. Si la cuestión suscitada por la incoación del  procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente  sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la  Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la  renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

 

SECCIÓN 4. CADUCIDAD.

 

Artículo 92. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado,  cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo,  la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses,  se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin  que el particular requerido realice las actividades necesarias  para reanudar la tramitación, la Administración acordará el  archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.  Contra la resolución que declare la caducidad procederán los  recursos pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad  del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no  sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no  tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido  trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de  las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos  caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que  la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente  suscitarla para su definición y esclarecimiento.

 

Capítulo V.

Ejecución.

 

Artículo 93. Título.

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna  actuación material de ejecución de resoluciones que limite  derechos de los particulares sin que previamente haya sido  adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de  resoluciones estará obligado a notificar al particular  interesado la resolución que autorice la actuación  administrativa.

Artículo 94. Ejecutoriedad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho  Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto  en los artículos 111 y 138, y en aquellos casos en que una  disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o  autorización superior.

Artículo 95. Ejecución forzosa.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos  competentes en cada caso, podrán proceder, previo  apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos  administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la  ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la  ley exijan la intervención de los Tribunales.

Artículo 96. Medios de ejecución forzosa.

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se  efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por  los siguientes medios:

 

A) Apremio sobre el patrimonio.

B Ejecución subsidiaria.

C) Multa coercitiva.

D) Compulsión sobre las personas.

 

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se  elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las  Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo  o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Artículo 97. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse  cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas  reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados  una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo  a una norma de rango legal.

Artículo 98. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de  actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto  distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el  acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa  del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá  conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y  realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación  definitiva.

Artículo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y  cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas  pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas,  reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir  lo ordenado, en los siguientes supuestos:

 

A) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión  directa sobre la persona del obligado.

B) Actos en que, procediendo la compulsión, la  Administración no la estimara conveniente.

C) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra  persona.

 

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que  puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Artículo 100. Compulsión sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligación  personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión  directa sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente  lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y  a los derechos reconocidos en la Constitución.

2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer,  no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los  daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en  vía administrativa.

Artículo 101. Prohibición de interdictos.

No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones  de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia  y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

 

Título VII.

De la revisión de los actos en vía administrativa.

 

Capítulo I.

Revisión de oficio.

 

Artículo 102. Revisión de disposiciones y actos nulos. 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2.

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables. 

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Artículo 104. Suspensión.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano  competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando  ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil  reparación.

Artículo 105. Revocación de actos y rectificación de errores. 

1. Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Artículo 106. Límites de la revisión.

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando  por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras  circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la  buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

 

Capítulo II.

Recursos administrativos.

 

SECCIÓN 1. PRINCIPIOS GENERALES.

 

Artículo 107. Objeto y clases. 

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Artículo 108. Recurso extraordinario de revisión.

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1.

Artículo 109. Fin de la vía administrativa. 

Ponen fin a la vía administrativa:

 

a.         Las resoluciones de los recursos de alzada.

b.         Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.

c.         Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d.         Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

e.         Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

 

Artículo 110. Interposición de recurso. 

1. La interposición del recurso deberá expresar:

 

a.         El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

b.         El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c.         Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

d.         Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e.         Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

 

2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Artículo 111. Suspensión de la ejecución. 

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

 

a.         Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b.         Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Artículo 112. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o  documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán  de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior  a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten  los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se  tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos,  documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido  aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso,  traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto  estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el  carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco  lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente  antes de recaer la resolución impugnada.

Artículo 113. Resolución.

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o  desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su  inadmisión.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente  resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento  al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en  el artículo 67.

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas  cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el  procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En  este último caso se les oirá previamente. No obstante, la  resolución será congruente con las peticiones formuladas por el  recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación  inicial.

 

SECCIÓN 2. RECURSO DE ALZADA.

 

Artículo 114. Objeto. 

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 115. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo.

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1.

 

SECCIÓN 3. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

 

Artículo 116. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Artículo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

 

SECCIÓN 4. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

 

Artículo 118. Objeto y plazos. 

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

 

1.         Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2.         Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

3.         Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

4.         Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

 

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Artículo 119. Resolución.

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

 

Título VIII.

De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles  y laborales.

 

Capítulo I.

Disposiciones generales.

 

Artículo 120. Naturaleza.

1. La reclamación en vía administrativa es requisito previo  al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra  cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que  dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango  de Ley.

2. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las  normas contenidas en este Título y, por aquellas que, en cada  caso, sean de aplicación, y en su defecto, por las generales de  esta Ley.

Artículo 121. Efectos.

1. Si planteada una reclamación ante las Administraciones  Públicas, ésta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el  plazo en que deba entenderse desestimada, no podrá deducirse la  misma pretensión ante la jurisdicción correspondiente.

2. Planteada la reclamación previa se interrumpirán los  plazos para el ejercicio de las acciones judiciales, que  volverán a contarse a partir de la fecha en que se haya  practicado la notificación expresa de la resolución o, en su  caso, desde que se entienda desestimada por el transcurso del plazo.

 

Capítulo II.

Reclamación previa a la vía judicial civil.

 

Artículo 122. Iniciación.

1. La reclamación se dirigirá al órgano competente de la  Administración Pública de que se trate.

2. En la Administración General del Estado se planteará ante  el Ministro del Departamento que por razón de la materia objeto  de la reclamación sea competente. Las reclamaciones podrán  presentarse en cualquiera de los lugares previstos por esta Ley  para la presentación de escritos o solicitudes.

Artículo 123. Instrucción.

1. El órgano ante el que se haya presentado la reclamación  la remitirá en el plazo de cinco días al órgano competente en unión  de todos los antecedentes del asunto.

2. El órgano competente para resolver podrá ordenar que se  complete el expediente con los antecedentes, informes, documentos  y datos que resulten necesarios.

Artículo 124. Resolución.

1. Resuelta la reclamación por el Ministro u órgano  competente, se notificará al interesado.

2. Si la Administración no notificara su decisión en el  plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada  su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda  judicial.

 

Capítulo III.

Reclamación previa a la vía judicial laboral.

 

Artículo 125. Tramitación.

1. La reclamación deberá dirigirse al Jefe administrativo o  Director del establecimiento u Organismo en que el trabajador preste  sus servicios.

2. Transcurrido un mes sin haberle sido notificada resolución  alguna, el trabajador podrá considerar desestimada la reclamación  a los efectos de la acción judicial laboral.

Artículo 126. Reclamaciones del personal civil no  funcionario de la Administración Militar.

Las reclamaciones que formule el personal civil no funcionario  al servicio de la Administración Militar se regirán por sus disposiciones  específicas.

 

Título IX.

De la potestad sancionadora.

 

Capítulo I.

Principios de la potestad sancionadora.

 

Artículo 127. Principio de legalidad. 

1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este Título.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.

Artículo 128. Irretroactividad.

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras  vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción  administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto  retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

Artículo 129. Principio de tipicidad.

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las  vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales  infracciones por una Ley. Las infracciones administrativas se  clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.

2. Unicamente por la comisión de infracciones administrativas  podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas  por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán  introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones  o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones  o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la  Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de  las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no  serán susceptibles de aplicación analógica.

Artículo 130. Responsabilidad.

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de  infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten  responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del  procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor  de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado  originario, así como con la indemnización por los daños y  perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano  competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para  su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y  quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una  disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,  responderá de forma solidaria de las infracciones que, en su  caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán  responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de  las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de  prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las  personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga,  cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos  regímenes sancionadores.

Artículo 131. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza  pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente,  privación de libertad.

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever  que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso  para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinación normativa del régimen sancionador,  así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas  se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo  de la infracción y la sanción aplicada, considerándose  especialmente los siguientes criterios para la graduación de la  sanción a aplicar:

 

A) La existencia de intencionalidad o reiteración.

B) La naturaleza de los perjuicios causados.

C) La reincidencia, por comisión en el término de un  año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando  así haya sido declarado por resolución firme.

 

Artículo 132. Prescripción.

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo  dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan  plazos de prescripción, las infracciones muy graves  prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las  leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy  graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas  graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a  contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá  la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,  del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de  prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado  más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a  contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza  la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la  prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,  del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo  si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable  al infractor.

Artículo 133. Concurrencia de sanciones.

No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados  penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad  del sujeto, hecho y fundamento.

 

Capítulo II.

Principios del procedimiento sancionador.

 

Artículo 134. Garantía de procedimiento.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá  procedimiento legal o reglamentariamente establecido.

2. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad  sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase  instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos  distintos.

3. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se  haya tramitado el necesario procedimiento.

Artículo 135. Derechos del presunto responsable.

Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto  responsable los siguientes derechos:

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las  infracciones que tales hechos puedan constituir y de las  sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de  la identidad del instructor, de la autoridad competente para  imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa  admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.

Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta  Ley.

Artículo 136. Medidas de carácter provisional.

Cuando así esté previsto en las normas que regulen los  procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo motivado  a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia  de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 137. Presunción de inocencia.

1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción  de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se  demuestre lo contrario.

2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales  penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto  de los procedimientos sancionadores que substancien.

3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se  reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento  público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán  valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de  los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar  los propios administrados.

4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del  presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación  de hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrán declararse  improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los  hechos no puedan alterar la resolución final a favor del  presunto responsable.

Artículo 138. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser  motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de  los determinados en el curso del procedimiento, con independencia  de su diferente valoración jurídica.

3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía  administrativa. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones  cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea  ejecutiva.

 

Título X.

De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades  y demás personal a su servicio.

 

Capítulo I.

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

 

Artículo 139. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por  las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que  sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de  fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del  funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo,  evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona  o grupo de personas.

3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los  particulares por la aplicación de actos legislativos de  naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el  deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los  propios actos legislativos y en los términos que especifiquen  dichos actos.

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el  funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por  la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

Artículo 141. Indemnización. 

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Artículo 142. Procedimientos de responsabilidad  patrimonial.

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las  Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación  de los interesados.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se  resolverán, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros  si una Ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de  las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la  Administración Local. Cuando su norma de creación así lo determine,  la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda  de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el  artículo 2.2 de esta Ley.

3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se  establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión  de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran  las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley.

4. La anulación en vía administrativa o por el orden  jurisdiccional contencioso-administratívo de los actos o  disposiciones administrativas no presupone derecho a la  indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada  lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar  prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva,  no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de  producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse  su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o  psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde  la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

6. La resolución administrativa de los procedimientos de  responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de  relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía  administrativa.

7. Si no recae resolución expresa se podrá entender  desestimada la solicitud de indemnización.

Artículo 143. Procedimiento abreviado.

1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos  la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público  y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de  la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar  la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de  reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta  días.

2. En todo caso, los órganos competentes podrán acordar o  proponer que se siga el procedimiento general.

3. Si no recae resolución expresa se podrá entender  desestimada la solicitud de indemnización.

Artículo 144. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley.

 

Capítulo II.

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones  Públicas.

 

Artículo 145. Exigencia de la responsabilidad  patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artículo 146. Responsabilidad penal. 

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Disposición adicional primera. Organos Colegiados de  Gobierno.

Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la  presente Ley no serán de aplicación al Pleno y, en su caso,  Comisión de Gobierno de las Entidades Locales, a los Organos  Colegiados del Gobierno de la Nación y a los Organos de Gobierno  de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda. Informatización de  registros.

La incorporación a soporte informático de los registros a  que se refiere el artículo 38 de esta Ley, será efectiva en la  forma y plazos que determinen el Gobierno, los Organos de  Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Entidades que  integran la Administración Local, en función del grado de desarrollo  de los medios técnicos de que dispongan.

Disposición adicional tercera. Adecuación de  procedimientos.

Reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca.

Disposición adicional cuarta. Tasas del  procedimiento.

Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento  administrativo se exigirán de acuerdo con lo que disponga la  norma que las regule.

Disposición adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria. 

1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria.

2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.

Disposición adicional sexta. Actos de Seguridad  Social y Desempleo.

1. La impugnación de los actos de la Seguridad Social y  Desempleo, en los términos previstos en el artículo 2. del  texto articulado de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado por  Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, así como su revisión  de oficio, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley.

2. Los actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social  se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

Disposición adicional séptima. Procedimiento  administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para  la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad  Social.

Los procedimientos administrativos para la imposición de  sanciones por infracciones en el orden social y para la  extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad  Social se regirán por su normativa específica y,  subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

Disposición adicional octava. Procedimientos  disciplinarios.

Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria  de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio  y de quienes estén vinculados a ellas por una relación  contractual se regirán por su normativa específica, no  siéndoles de aplicación la presente Ley.

Disposición adicional novena.

Disposición derogada por el apartado 1.f de la disposición derogatoria  única de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General  del Estado.

Disposición adicional décima.

El artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción  Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956, queda redactado  de la siguiente forma:

El recurso contencioso-administratívo será admisible en  relación con las disposiciones y con los actos de la  Administración que hayan puesto fin a la vía administrativa, de  conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común.

Disposición adicional undécima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas consulares. 

Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirán por su normativa específica, que se adecuará a los compromisos internacionales asumidos por España y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicándose supletoriamente la presente Ley.

Disposición adicional dudécima. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.

Disposición adicional decimotercera. Régimen de suscripción de convenios de colaboración.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o dependientes, podrán celebrar los convenios previstos en el artículo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites establecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, en su caso, de su autorización, así como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustará al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Disposición adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Lo dispuesto en el Título I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

Disposición adicional decimoquinta.

En el ámbito de la Administración General del Estado, y a los efectos del artículo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del órgano competente para la tramitación de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitación de la misma.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitación y resolución corresponda a órganos integrados en el Órgano Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ejércitos, el plazo para resolver y notificar se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros de los citados órganos.

Disposición adicional decimosexta. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo segundo, se entenderá por Administraciones públicas las Diputaciónes Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, así como las Juntas Generales de los Territorios Históricos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gestión patrimonial sujetos al derecho público.

Disposición adicional decimoséptima.

1. Para el ejercicio de la función consultiva en cuanto garantía del interés general y de la legalidad objetiva las Comunidades Autónomas, los Entes Forales se organizarán conforme a lo establecido en esta disposición.

2. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios jurídicos de esta última.

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.

3. La presente disposición tiene carácter básico de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución.

Disposición transitoria primera. Corporaciones de  Derecho Público.

Las Corporaciones de Derecho Público representativas de  intereses económicos y profesionales ajustarán su actuación a  su legislación específica. En tanto no se complete esta  legislación les serán de aplicación las prescripciones de esta  Ley en lo que proceda.

Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio  de los Procedimientos.

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en  vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose  por la normativa anterior.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de  adecuación contemplado en la disposición adicional tercera se  regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de  aplicación, salvo que con anterioridad a la expiración de tal  plazo haya entrado en vigor la normativa de adecuación correspondiente,  en cuyo caso, los procedimientos iniciados con posterioridad a su  entrada en vigor, se regularán por la citada normativa.

A los procedimientos iniciados con posterioridad al término del plazo a que se refiere la Disposición adicional tercera les será de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango  en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente  Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

 

A) De la Ley de Régimen Jurídico de la Administración  del Estado, de 26 de julio de 1957; los puntos 3 y 5 del  artículo 22, los artículos 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,  41, 42 y 43.

B) De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de  julio de 1958: El Título Preliminar, los Capítulos primero,  segundo y cuarto del Título Primero, el Título Segundo, los  artículos 29 y 30, el artículo 34, en sus puntos 2 y 3, el  artículo 35, los Capítulos segundo, tercero, cuarto y  quinto del Título Tercero, el Título Cuarto, el Título  Quinto y los Capítulos segundo y tercero del Título Sexto.

C) De la Ley Reguladora de la Jurisdicción  contencioso-administratíva de 27 de diciembre de 1956, los artículos  52, 53, 54 y 55.

 

3. Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera  que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones  Públicas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en  la presente Ley.

4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las  disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas  a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aquéllas.

Disposición final. Desarrollo y entrada en vigor de  la Ley. 

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y  autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 26 de Noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ